El derecho al nombre es un derecho de personalidad regulado por la ley personal del sujeto al que corresponde (artículos 25, 27, nº 1, 31, nº 1 y 72 del Código de Registro Civil). El nombre fijado en el acta de nacimiento se rige por el principio de estabilidad (nº 1 del artículo 104 del Código de Registro Civil), un principio que, además de los intereses del titular, también busca salvaguardar valores e intereses de orden público.
Sin embargo, la ley reconoce a cada uno de los cónyuges, por el matrimonio, la posibilidad de modificar su nombre mediante la adopción de los apellidos del otro, agregándolos o insertándolos, respetando las limitaciones de carácter cualitativo y cuantitativo expresamente establecidas en el artículo 1677 del Código Civil.
Así, cuando dos personas se casan, tienen la posibilidad de modificar o no sus nombres. El cónyuge que decida añadir los apellidos del otro debe mantener sus propios apellidos, pudiendo añadir a su nombre solo los del cónyuge, con un máximo de dos.
Esta facultad se concede tanto al hombre como a la mujer, es decir, ambos pueden adoptar o no los apellidos del otro, sin que exista ninguna diferencia.
El cónyuge deberá manifestar su voluntad en el momento del matrimonio, aunque nada impide que lo haga más tarde mediante solicitud a la conservatoria del registro civil.
En caso de divorcio, el apellido agregado solo podrá mantenerse si el ex-cónyuge da su consentimiento o si existe una decisión judicial que lo determine, teniendo en cuenta los motivos invocados (artículo 1677-B del Código Civil y 104, nº 6 del Código de Registro Civil), y perderá dicho apellido si no se toma ninguna medida o decisión en contrario.
Una persona que mantenga los apellidos del otro cónyuge podrá conservarlos, incluso si se vuelve a casar, siempre que lo declare antes de celebrar el nuevo matrimonio, como ocurre a veces en los casos de segundas nupcias tras la viudez, según el artículo 1677, nº 2 del Código Civil.
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